El Tribunal Constitucional anula por unanimidad la amnistía fiscal

Si bien la sentencia apenas tiene efectos prácticos, la decisión unánime tomada por el Tribunal Constitucional este jueves en relación a la polémica amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del PP en 2012 supone uno de los mayores tirones de orejas al Ejecutivo de Rajoy en general y al ministro de Hacienda en particular, Cristóbal Montoro, de quien la oposición ya ha pedido la dimisión.

Desde que el pasado 30 de marzo de 2012 los populares aprobaran la amnistía fiscal mediante el Real Decreto Ley 12/2012, la medida no ha abandonado nunca el foco de la polémica; muchos veían esta regularización de la situación tributaria, bautizada eufemísticamente como «declaración tributaria especial«, como un indulto fiscal que ofrecía la oportunidad de blanquear ingresos ocultos sólo a cambio de un 10% del importe, sin sanciones, intereses, ni recargos.

Se ha ido poniendo en duda la eficacia y la moralidad del decreto-ley desde que se aprobara hace ya más de 5 años, pero no ha sido hasta esta semana que el Tribunal Constitucional, con su sentencia, ha dado la razón a las muchas voces que acusaban al Ejecutivo del actual Presidente de «adoptar medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario grave de crisis económica«.

La medida fue aprobada en su momento con el propósito de reducir el déficit gracias a la recaudación de más de 2.500 millones de euros -cifra que se estimó en ese momento que se podría incautar-, lo que suponía a su vez la afloración de 25.000 millones de euros de dinero negro y de otros bienes no declarados. El resultado, no obstante, es que la Agencia Tributaria sólo ha recaudado 1.200 millones, procedentes de 31.500 declaraciones, o sea menos de la mitad de lo previsto.

Tal fue el poco éxito del proceso que, meses después, Hacienda suavizó aún más la amnistía, permitiendo que el gravamen sólo se aplicara sobre los rendimientos de los ejercicios no prescritos; hablamos de que los evasores, en resumen, acabaran blanqueando su dinero apenas pagando un 3%. Cabe recordar que en los inicios la Agencia Tributaria exigía el pago de un 10% a quienes quisieran regularizar sus capitales ocultos.

Y aunque la decisión del TC, tomada a raíz de un recurso presentado por el PSOE, no tiene efectos prácticos evidentes, pues avala las declaraciones que sirvieron para que los evasores pusieran en orden su situación fiscal, sí tiene una carga de profundidad al señalar que el indulto a los invasores que suponía la amnistía legitimaba el fraude fiscal.

Vía y más información | El País / 20 minutos